Los periodos de violencia sociopolítica en Colombia han estado vinculados con periodos de recomposición de la propiedad y de reordenamiento territorial que responden a recetas económicas; es así como la recomposición de la propiedad en los años 30 estuvo vinculada al impulso de la agricultura comercial; la violencia de la década del cincuenta estuvo ligada a la revolución verde.
El último periodo, que ha producido más de 5 millones de personas desplazadas y más de 6 millones de hectáreas despojadas, está ligada a la consolidación de cultivos permanentes, agroindustria y extractivismo que responden a la presión de los mercados internacionales (dinámicas del capital) que demandan materias primas y alimentos, es decir, pone a depender la estructura rural y agrícola, de la demanda internacional y la inversión extranjera.
A partir del Paro Agrario de 2013, vuelve a emerger la discusión sobre los conflictos agrarios y rurales, de la mano con la agenda pública de paz, que pretende superar la confrontación armada, desatada durante medio siglo de guerra insurgente y contrainsurgente.
Los movimientos sociales de la ruralidad hemos emprendido importantes luchas en los últimos años, en la que hemos logrado poner en el debate público la necesidad de incorporar transformaciones en la política pública de la ruralidad, a partir de nuevos y renovados enfoques sobre la disputa agraria y rural, que incorpora un giro ecoterritorial en el que se asume el territorio no solo un factor productivo, sino como un entramado de relaciones sociales, económicas, espirituales con la naturaleza y los seres que habitan en ella, que dan sentido a las prácticas económicas, sociales y políticas.
Este enfoque se enfrenta a la visión gubernamental, sus corporaciones y gremios, quienes vienen impulsando una política de Desarrollo Rural, ya no de Reforma Agraria, con enfoque territorial, con el cual busca la diversificación de los usos y fuentes de recursos de la ruralidad, incremento de la productividad, encadenamiento productivo y diversificación de los mercados internos y externos, transferencias tecnológica e infraestructura rural, en el que la producción agropecuaria es apenas un motor de crecimiento económico, junto con la minería y servicios (ambientales, turísticos, energéticos)
Organizaciones de la ruralidad como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y Dignidad Agropecuaria han abierto el debate y han creado escenarios de negociación para poner demandas y propuestas; sin embargo, estos escenarios evidencian unos límites, contradicciones, complementariedades con otros escenarios de discusión claramente diferenciables: Los Acuerdos y las Mesas de Negociación con las Guerrillas; los escenarios ministeriales (en los cuales se participó ampliamente pero cuya incidencia continúa siendo incierta) y el de la movilización, como un escenario legítimo para la discusión de la política.
La movilización social ha sido importante para incluir en la disputa política nuevos lugares de enunciación, más allá de la retórica técnica, legislativa, poniendo a jugar conocimientos populares, ancestrales. De tal suerte que la movilización da apertura de nuevos espacios públicos para la discusión de la política pública de la ruralidad, sin embargo el saldo de esta movilización deja muchos interrogantes respecto de la voluntad real del gobierno y la eficacia de los escenarios de participación y negociación creados al calor de la protesta; pues estos caen en muchas veces en reivindicaciones particulares y sectoriales o vuelven al terreno procedimental en el que se acuerdan nuevos escenarios de reunión y negociación.
Llevar las demandas de las comunidades agrarias al terreno de las “vías democráticas” institucionalizadas corren el riesgo, nuevamente, de empantanarse en la tecnocracia y la burocracia; terreno en el que las organizaciones sociales entramos en desventaja, pues supone trasladar las discusiones de La Política al campo de la “pequeña política”; es decir, a la administración de lo existente (Raúl Zibechi) bajo la tutela de la ritualidad jurídico administrativa; en la que evidentemente el gobierno y su maquinaria tiene la preeminencia.
¿Los acuerdos de paz entre gobierno y guerrillas dan solución a los conflictos agrarios y rurales? ¿dónde y quiénes deben participar de la solución de los conflictos generados por la política pública de desarrollo rural? ¿Que nos queda por hacer?. Esta es una pregunta que aún está por resolverse y depende en gran medida de la capacidad del movimiento social de cuestionarse acerca de los límites y posibilidades de la “apertura democrática” agenciada por los diálogos de paz que trasladará el conflicto social y político al terreno de la movilización social, que evidentemente no estará exenta de violencia sociopolítica estatal y paraestatal como ya lo estamos viviendo.
La garantía de mejores condiciones de vida y el reconocimiento como sujetos de derechos es una labor que corresponde principalmente al campesinado, razón por la cual se hace necesario fortalecer la organización de las comunidades rurales. En este sentido, hemos decidido emprender la tarea de constituir una federación agraria desde el núcleo de las organizaciones y colectivos articulados a la comosoc y otra democracia a fin de ganar una mayor capacidad de diálogo entre las organizaciones locales, que muchas veces nos encontramos aisladas, poco organizadas o debilitadas; y entre las organizaciones agrarias y el estado a fin de poner en el escenario público nuestras demandas y propuestas para una vida con dignidad.
Referencias bibliográficas.
- Negociando en medio de la desconfianza: https://www.desdeabajo.info/colombia/26363-negociando-en-medio-de-la-desconfianza.html
- La paz desde arriba y la paz desde abajo https://www.desdeabajo.info/ediciones/30656-la-paz-desde-arriba-y-la-paz-desde-abajo.html
- Documento de trabajo: Proyecto de investigación “Cumbre agraria, campesina, étnica y popular: desafíos, límites y potencialidades de transformación de lo público desde los movimientos sociales rurales en Colombia”, desarrollada por el área de investigación de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia -COMOSOC.
